Crystal Tovar.

 

Por Crystal Tovar Aragón

Existen leyes utilizadas para criminalizar a las personas por su orientación sexual o identidad de género. Esas leyes suelen prohibir determinados tipos de actividad sexual o cualquier tipo de intimidad entre personas del mismo sexo. En algunos casos, las expresiones utilizadas se refieren a conceptos vagos y no definidos, como “delitos contra la naturaleza”, “moralidad” o “libertinaje”. Lo que estas leyes tienen en común es la utilización para acosar y procesar a personas por su sexualidad o identidad de género, real o supuesta.

Existe discriminación contra las personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual y se manifiesta como homofobia. Las personas víctimas de este delito son rechazadas en el trabajo, escuela e incluso en sus propios familias.

La penalización de las relaciones homosexuales consensuadas constituye un atropello de los derechos individuales a la intimidad y viola las normas internacionales de derechos humanos. La comunidad internacional ha destacado la relación entre la penalización y los delitos motivados por el odio, los abusos de la policía, la tortura y la violencia familiar y comunitaria de carácter homofóbico. Cuando el Estado sanciona este tipo de relaciones los prejuicios existentes se consolidan y se legitima la violencia y la brutalidad policial contra los afectados.

Los derechos humanos son para todas las personas, las homosexuales, migrantes, indígenas, niños y niñas, mujeres, hombres, sólo por hecho de ser personas, incluido el derecho a decidir con quien compartir su vida en pareja, ya sea en una relación homosexual o heterosexual.

Actualmente, varios países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el caso de Estados Unidos y México, estas uniones son reconocidas solo en algunos estados. En México la sociedad está cada vez más de acuerdo con las uniones homosexuales. En el Distrito Federal, Quintana Roo, Colima, Oaxaca, Coahuila, además de Yucatán se han sentado importantes precedentes en realizar diversas uniones entre personas del mismo sexo.

En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la alianza entre personas del mismo sexo y su derecho a adopción, siendo en la única entidad donde se realizan sin necesidad de amparos.

Cuando dos personas exigen al Estado que les garantice su derecho a realizar la firma de un contrato civil donde se establecen derechos y obligaciones para los contrayentes, las personas del mismo sexo enfrentan una serie de limitantes legales, sociales, políticas y religiosas que les impiden el acceso al ejercicio pleno de derechos, esto por no estar dentro de los parámetros culturales de una sociedad retrograda, machista y con claros tintes de discriminación.

En el reformado artículo 1° Constitucional se establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, motivo por el cual el propio Estado deberá sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.

En nuestro país existen funcionarios y legisladores, principalmente de derecha, que se dicen poseedores y dueños de la verdad, protegen y anteponen sus dogmas religiosos por encima de lo que establece nuestra Constitución la cual instituye el estado laico. Estos personajes utilizan los espacios legislativos y los órganos de gobierno para proseguir el sermón dominical y exhibir sus fobias, contraviniendo con su actuar lo establecido en las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, satanizando todo lo que a su corto criterio consideran malo o pecaminoso.

Tal es el caso a nivel federal de la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, presidida por el Senador José María Martínez Martínez, instalada el 12 de junio del año pasado, donde señaló que la finalidad es frenar las uniones entre personas del mismo sexo, calificadas por él como “modas”.

Aunque en Chihuahua también existen amplias resistencias para avanzar en el reconocimiento de los derechos civiles de las personas, legisladores de centro derecha ya se manifestaron ampliamente en contra de legislar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, al considerar que hay otros grupos minoritarios quienes requieren mayor protección que los homosexuales y lesbianas deseando unirse bajo la protección de la ley. Incluso la derecha presentó su postura, a través una legisladora local, donde expresan no apoyar la legalización del matrimonio gay porque pretenden defender la figura de la familia “tradicional”, clasificando con ello a los personas como si las hubiera de primera y de segunda clase en el acceso a sus derechos humanos.

En la entidad se tiene como antecedente el primer matrimonio civil celebrado entre personas del mismo sexo en noviembre de 2012, derivado de un amparo interpuesto por los contrayentes y ordenado por un juez de Distrito. Además de éste, se han promovido 26 amparos federales, de los cuales 12 tienen sentencias favorables y los otros 14 están pendientes de ser resueltos.

Aunado a lo anterior, recientemente las organizaciones del colectivo LGBTTTI de Chihuahua, interpusieron el primer amparo colectivo en la entidad con el objetivo de declarar “inconstitucionales” los artículos 134 y 135 del Código Civil estatal.

Si bien genera avances, el hecho de que se acaten los fallos de juzgados federales y se unan a parejas del mismo sexo, al no reformar los códigos estatales y la legislación vigente para legalizar la figura de Matrimonio Igualitario, los cónyuges no puedan compartir los beneficios de seguridad social, pensiones o la posibilidad de heredar, como en el caso de los matrimonios heterosexuales.

Desde el mito religioso que establece la unión de un hombre y una mujer con el único fin de la procreación, en apego estricto utilizando este limitado criterio, entonces sería evidente que los matrimonios heterosexuales deberían prohibirse cuando el hombre o la mujer sea estéril, cuando la mujer llega a la menopausia e incluso cuando se utilicen métodos anticonceptivos de planificación familiar. Postura totalmente fuera de la realidad social.

A nivel internacional se pueden observar avances en diversos países en esta materia. Se destaca la Corte Constitucional de Colombia, pues es uno de los referentes directos de la región que ha dado un salto significativo no solo con relación a la concepción y reconocimiento de este tipo de matrimonios, sino en la ampliación de los derechos surgidos con motivo de éstos, como el derecho de afiliarse al sistema de seguridad social y, en consecuencia, a la pensión.

Lo anterior muestra la gran importancia y necesidad de que el Estado mexicano avance en dicha dirección para hacer efectivo el reconocimiento y la obtención para toda persona, sin distinción alguna, de los derechos que se citan en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ratificado por el Estado mexicano, entre ellos, el derecho de igualdad ante la Ley, a la protección de ésta, a la creación y protección de la familia, en cualquiera de sus formas, por parte de la sociedad y del Estado.

En Chihuahua no deberían existir limitantes para modificar la legislación y reconocer el matrimonio civil igualitario; sin embargo, se siguen escuchando prejuicios y posturas conservadoras que vulneran gravemente los derechos humanos, que incluso, pueden llegar a promover y legitiman el odio contra las personas por su orientación sexual.

 

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