Quien suscribe, Crystal Tovar Aragón, diputada federal en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La trata de personas, es considerada por la Organización de las Naciones Unidas como la esclavitud del siglo XXI, ya que vulnera en forma directa la dignidad y la libertad de las personas.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también llamado Protocolo de Palermo, define la trata de personas como: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

En el mundo existen 12.3 millones de personas víctimas de trata, de los cuales más de la mitad son mujeres y niñas. Según estimaciones, la explotación de estas personas genera, anualmente, ganancias cercanas a los 32 mil millones de dólares para los tratantes, lo que coloca a esta actividad comercial ilícita en el tercer lugar entre las más lucrativas del mundo para el crimen organizado, después del tráfico de armas y del tráfico de estupefacientes.

Para Chihuahua, por su ubicación geográfica, siendo un lugar de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes; y donde se encuentran instaladas gran cantidad de empresas maquiladoras, y además por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, migrantes, personas de la tercera edad, entre otras, contextos que ponen a la población en situación de de riesgo ante el delito de la trata de personas.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, identificó en Ciudad Juárez una vulnerabilidad particular, propia de las zonas maquiladoras, donde las empresas prefieren emplear a mujeres jóvenes y menores de edad, a fin de poder explotarlas laboralmente con mayor facilidad.

Además, según organizaciones de la sociedad civil, consideran que de 2008 a la fecha, por lo menos se han detectado 40 casos de mujeres desaparecidas y asesinadas, los que podrían estar ligados a la trata de personas, consideran que en Ciudad Juárez hay por lo menos 30 casos, mientras que en la ciudad de Chihuahua se presume la existencia de al menos unos 10 casos de feminicidios que podrían estar ligados a la comisión de ese delito.

De acuerdo a su competencia el 17 de mayo de 2011, diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de Estado de Chihuahua presentaron una iniciativa de decreto a fin de crear la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del estado de Chihuahua, que a la fecha no ha sido aprobada.

A nivel federal, el 14 de junio del 2012 fue promulgada la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y dicha ley en su artículo décimo transitorio establece que los Congresos de los Estados, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la ley en mención.

En busca de lograr soluciones efectivas contra al crimen de la trata de personas en el Estado, el 17 de noviembre del 2012, el gobernador constitucional de Chihuahua envío una iniciativa con carácter de decreto, la cual fue aprobada el 31 de enero del 2013, en la que se establecen reformas y adiciones en diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para llevar a cabo programas de desarrollo y acciones de asistencia social; así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación de la Unidad Especializada para la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; además reformas a la Ley Estatal de Salud, para brindar atención médica de calidad a las víctimas del delito de trata; y adiciones a la Ley Estatal de Educación, para prevenir la comisión de delitos en materia de trata; así como se derogan y reforman disposiciones del Código Penal del Estado y se realizan adiciones al Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; además se crea el Fondo Estatal de Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Todo lo anterior es un avance para contribuir en la prevención y atención de los delitos relativos a la trata de personas, sin embargo al ser el Estado competente para prevenir, investigar, procesar y sancionar los delitos de trata de personas, cuando no se trate de delitos de competencia Federal, es necesario que exista una Ley Estatal en Materia de Trata de Personas, para contar con un ordenamiento legal local, que coadyuve en la regularización jurídica, con la finalidad atender de manera integral el crimen de la trata de personas, así como para garantizar y mejorar la efectiva atención a las víctimas de estos delitos y de sus familias.

Además, es necesario armonizar la legislación local, para hacer compatibles las disposiciones estatales con las reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos (10 de junio de 2011) donde se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a ampliar las fuentes y los principios que deben observarse en la creación y aplicación de la ley. Todo esto con la finalidad de evitar conflicto o contradicción normativa, lagunas legislativas o la falta de observancia y aplicación de la norma.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su aprobación, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua, para que se discuta y en su caso se apruebe la Ley para prevenir, atender, combatir y sancionar la Trata de Personas del Estado de Chihuahua, presentada el 17 de mayo de 2011, y se armonice con base en lo establecido en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de Chihuahua para que revise y en su caso armonice toda su legislación estatal en materia de derechos humanos y trata de personas de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2013.