El día de hoy, ponemos a su consideración un dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Gobernación, con el objetivo de fomentar la participación social de las y los jóvenes a través de organizaciones de la sociedad civil.

Para nadie es desconocido el escaso interés de las y los jóvenes de México para involucrarse en organizaciones juveniles y participar en temas relativos a la construcción de una ciudadanía crítica, informada e interesada en los temas de la agenda política nacional. La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, revela que cerca del 93 por ciento de los jóvenes no participa activamente en ninguna asociación u organización de la sociedad civil; y al 89.6 por ciento de los jóvenes les interesa poco o nada la política.

El reto para un país como el nuestro, con una población de más de 36 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, es revertir esa tendencia hacia la apatía y el menosprecio al activismo político o social.

El poder legislativo y la sociedad en su conjunto, tenemos la posibilidad de transformar la política y sus mecanismos ordinarios, limitativos y excluyentes en una oportunidad de generar verdaderos cambios; y no cambios menores, me refiero a un tipo de cambio estructural que permita definir nuevamente el pacto social entre jóvenes y política, entre jóvenes y economía, entre jóvenes y cultura, entre jóvenes y trabajo; es decir, una nueva relación integral entre gobierno, sociedad y sus jóvenes, para que sean incluidos y considerados en la toma de decisiones importantes de este país.

Es por ello que en el dictamen de comisiones unidas que hoy proponemos, se establece que el Instituto Mexicano de la Juventud debe promover la participación de las y los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional e impulsar acciones que favorezcan la integración y fortalecimiento de las organizaciones juveniles.

Aunque debo decir, es una tarea difícil de cumplir sin el titular del Instituto Mexicano de la Juventud que por cierto, a más de cien días del nuevo gobierno  federal, no se ha nombrado; estamos frente a una omisión que demuestra el orden de las prioridades y del lugar que nosotros los jóvenes ocupamos en la administración pública federal. 

También proponemos que aquellas organizaciones de la sociedad civil que se encargan de la protección y promoción de los derechos de las y los jóvenes, así como del impulso de su desarrollo integral y de su participación en los distintos ámbitos de la sociedad, sean promovidas a través de las campañas institucionales del IMJUVE.

En este sentido, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos convencidas y convencidos de que las y los jóvenes de México somos actores sociales promotores de cambio, sujetos de derechos, capaces de participar plenamente y a conciencia en los temas que nos competen. Las y los jóvenes tenemos el potencial para ser detonadores de cambios sociales y motores del desarrollo nacional.

En nuestro partido, por ejemplo, contamos con un Congreso Nacional de Jóvenes que permite analizar y discutir los temas políticos nacionales, fuera de las estructuras formales controladas por los adultos.

Es por ello que en congruencia, votaremos a favor de este dictamen que reforma los artículos 4to de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 5to de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Con este voto a favor, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas aquí representadas para trabajar por y para las y los jóvenes; cuando nos acercamos aunque sea un poco a las condiciones de exclusión, discriminación y desigualdad que enfrentan millones de jóvenes en nuestro país, nos damos cuenta que los colores de partido y las diferencias ideológicas son lo de menos, si tenemos la oportunidad de aportar para cambiar su realidad y su futuro.

Gracias por su voto.