Posicionamiento sobre la Reforma Laboral

La iniciativa en materia de reforma laboral que presentó Felipe Calderón el pasado primero de septiembre, es una muestra más del menosprecio de los gobiernos panistas y priistas hacia los derechos fundamentales de las y los mexicanos, en este caso, hacia el derecho de las personas para acceder a un empleo digno, bien remunerado, que permita satisfacer de manera decorosa las necesidades básicas de las familias mexicanas.

 

Estamos ante un ataque frontal en contra de los derechos laborales conquistados a través de movimientos sociales y luchas históricas. Las familias mexicanas de todas las clases sociales se verán afectadas en sus ingresos y por supuesto, en su poder adquisitivo. Se trata de un retroceso de casi 100 años en la legislación laboral, época en donde no existían los derechos de las y los trabajadores, sin prestaciones ni estabilidad en el trabajo, sin posibilidad de aspirar a un futuro mejor después de toda una vida de trabajo.

 

Como legisladora joven, nos preocupa de sobremanera que la reforma laboral contenga entre otras disposiciones, la flexibilización para contratar y despedir con los contratos a prueba, de capacitación inicial y de temporada; la eliminación de derechos y prestaciones adquiridos; que se adicionen causales de despido sin responsabilidad para el patrón, eximiéndolo de la obligación de notificar personalmente la rescisión del contrato laboral y limitando la posibilidad de pagar salarios caídos hasta por un máximo de doce meses. Además, se propone elevar a rango de ley el pago por hora pactado entre trabajador y patrón al más puro estilo del libre mercado, con un esquema obsoleto de fijación de salarios mínimos, sin dejar de mencionar el uso indiscriminado de la fuerza laboral en tareas múltiples sin la regulación adecuada de los procesos de trabajo.

 

En el segundo trimestre de este año, cifras conservadoras del Instituto Mexicano de la Juventud reportaron que de los 400 mil jóvenes que cada año demandan empleo en México, entre 38 mil y 40 mil no lo encuentran, con lo que el desempleo juvenil representa el 9.6 por ciento de ese total.

 

Es decir, aún con el deterioro de las condiciones laborales que afectan al conjunto de la población mexicana, pero principalmente a la población joven, el gobierno federal pretende legalizar el outsourcing, que se opone no solo al artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo vigente, sino a nuestra constitución política y a los principios generales de tratados internacionales, en específico, de la Organización Internacional del Trabajo que establece que el trabajo no es un mercancía. La subcontratación elude responsabilidades patronales, impide la generación de antigüedad y se facilita el despido, además de que se rompe la unidad del contrato colectivo.

 

El informe Panorama educativo 2012, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reporta que el mayor porcentaje de desempleo está entre los jóvenes con mayor nivel profesional, con una tasa de desocupación de 5 por ciento, es decir, las tasas más altas de desempleo las tienen los más educados sin importar si provienen de escuelas particulares o públicas. Por si fuera poco, el informe arrojó que tenemos más de siete millones de jóvenes sin ocupación alguna, lo que significa 24.4 por ciento de la población entre 15 y 29 años, integrada en su mayoría por mujeres.

 

En la reforma laboral se mantienen intactas las estructuras clientelares y corporativistas de los sindicatos charros y corruptos que ya todos conocemos; se pretende limitar el derecho histórico del emplazamiento a huelga; no se trata de una reforma profunda del sistema procesal del trabajo, sino de un atentado contra las luchas por el mejoramiento de las condiciones generales de las y los trabajadores de México, quienes han sostenido en pie a nuestro país.

 

Además, se permite una mayor explotación de la fuerza de trabajo, el acceso a derechos de ingreso, permanencia y ascenso en el trabajo dependerán, de mediciones de supuesta productividad o aptitud, que harían los patrones de manera unilateral, lo que presionará a los trabajadores a desempeñar sus labores en jornadas más extensas.

 

El dictamen aprobado no incluye medidas efectivas para erradicar la discriminación laboral hacia mujeres, jóvenes, discapacitados, trabajadores del campo y trabajadoras del hogar.

 

El PRI y el PAN rechazaron que las dirigencias sindicales se elijan mediante voto libre, directo y secreto, lo que propicia la permanencia prácticamente vitalicia de sus líderes corruptos con el manejo libre de sus cuotas sindicales. Sin rendición de cuentas, las y los trabajadores no son dueños del patrimonio de sus organizaciones; sin transparencia en el ejercicio de los recursos sindicales, no se puede aspirar a organizaciones autónomas, libres y auténticas defensoras de los derechos laborales.

 

Por lo contrario, hemos propuesto la eliminación de todas las formas de discriminación laboral, contemplamos la creación del seguro del desempleo a nivel federal y la incorporación de los jóvenes a la vida laboral, con capacitación y salarios bien remunerados, así como la facultad de la Cámara de Diputados para establecer el monto de salario mínimo cada año.

 

Defendemos la igualdad sustantiva entre trabajadores y trabajadoras; exigimos castigo al acoso laboral y al hostigamiento sexual en el trabajo; proponemos la derogación del Apartado “B” del Artículo 123 de la Constitución. Promovemos el voto universal, directo y secreto para la elección de las dirigencias sindicales, así como la eliminación de las juntas de Conciliación y Arbitraje y su sustitución por Juzgados y Tribunales Laborales.

 

Ahora que la discusión de la reforma se encuentra en el Senado de la República, mantenemos con firmeza la propuesta de una ley laboral que dé forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo bajo el amparo del pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales, que acabe con la impunidad de quienes violan el orden jurídico, propicie el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas a través de la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica, y asegure las condiciones para el reparto justo de los resultados, abriendo el cauce para la participación de los trabajadores y de sus legítimos representantes en el desarrollo nacional.