Las diputadas y diputados jóvenes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hemos revisado con detenimiento las trece decisiones que dispuso Enrique Peña Nieto el pasado primero de diciembre, así como el Pacto por México firmado por los tres principales partidos políticos a nivel nacional.

Como parte del Poder Legislativo Federal, reconocemos la disposición y voluntad políticas para dialogar y trabajar a favor de nuestro país, esperamos que las propuestas y firmas plasmadas en el papel se reflejen de manera concreta en el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los mexicanos.

Sin embargo, también manifestamos nuestra preocupación porque en esas dos iniciativas notamos la ausencia de la visión transversal para atender las grandes problemáticas que afectan a las juventudes de México. Si bien es cierto que se describen buenas intenciones en materia de derechos y servicios, también lo es que hace falta una postura mucho más contundente para enfrentar y resolver la falta de oportunidades de millones de jóvenes que día a día buscan como salir adelante y construirse un mejor futuro.

En ambos documentos se reconoce que ningún partido político es capaz por sí solo, de sacar adelante las reformas necesarias para el crecimiento económico, político y social de nuestro país.  Lo mismo sucede con las juventudes de México: ningún grupo o sector será capaz de impulsar el desarrollo de nuestra sociedad si no se incluye a los jóvenes como prioridad nacional.

Ni siquiera los avances en la conformación del gabinete legal de la Presidencia de la República muestran interés por los jóvenes. Una muestra de 19 Secretarías de Estado reflejan que la edad promedio del gabinete actual es de 57 años, ningún joven incluido; si nos referimos a la equidad de género la situación no es mejor, a pesar de las múltiples peticiones para una integración equitativa, solo se incluyeron a tres mujeres al primer nivel del gobierno federal.

Somos más de 36 millones de jóvenes entre 12 y 29 años; conformamos la cuarta parte de la población nacional; sobre nuestros hombros descansa la responsabilidad de un mejor futuro para México por el llamado bono demográfico y aún así, el nuevo gobierno no nos consideró como sector estratégico para impulsar los cambios necesarios.

Las primeras trece decisiones de gobierno y el Pacto por México, carecen de una visión para el desarrollo integral de las juventudes. Reconocemos las propuestas incluidas en materia de educación, salud, empleo, inclusión social y derechos humanos a través de instrumentos legislativos, asignación de becas y estímulos económicos, pero no se va más allá de la misma política paliativa de asistencia clientelar que durante décadas se ha implementado y que hasta la fecha no ha propiciado el acceso real a mejores oportunidades y condiciones de vida.

Por el contrario, a través de esas omisiones en el diseño de una política de estado a favor de las juventudes, el gobierno ha orillado a más de ocho millones de jóvenes a vivir sin la oportunidad de estudiar o trabajar. Estamos frente a una actitud institucional que violenta nuestros derechos fundamentales y garantías individuales.

Los hechos condenables del pasado primero de diciembre son una muestra de ello; rechazamos profundamente la violencia en cualquiera de sus modalidades, pero así también,  nos indignamos contra el uso injustificado de la fuerza pública sobre la sociedad civil. Diversas organizaciones sociales y medios de comunicación, han dado cuenta de que en esos actos represivos se detuvo a personas cuyo único delito es ser joven.  Exigimos a las autoridades federales y locales involucradas para que revisen el cúmulo de detenciones ilegales y ordenar la liberación inmediata de profesores, estudiantes y padres de familia que nada tuvieron que ver con la destrucción de propiedad privada o bienes públicos.

Hacemos un llamado a Enrique Peña Nieto para que las juventudes de México seamos una prioridad nacional, no sólo mediante las decisiones de gobierno o la firma de múltiples pactos, sino a través de una verdadera política del Estado Mexicano que permita nuestro desarrollo integral como seres humanos jóvenes, que garantice nuestras garantías individuales y que proteja nuestros derechos fundamentales.