JÓVENES: PRINCIPALES AFECTADOS POR LA REFORMA LABORAL

 

Yo creo que la iniciativa de Calderón es una muestra más del menosprecio de los gobiernos panistas y priistas hacia los derechos fundamentales de las y los mexicanos; es un agravio hacia el derecho de las personas para acceder a un empleo digno, bien remunerado, que permita satisfacer de manera decorosa las necesidades básicas de las familias mexicanas.

 

Estamos ante un ataque frontal en contra de los derechos laborales conquistados a través de movimientos sociales y luchas históricas. Las familias mexicanas de todas las clases sociales se verán afectadas en sus ingresos y por supuesto, en su poder adquisitivo. Se trata de un retroceso de casi 100 años en la legislación laboral, época en donde no existían los derechos de las y los trabajadores, sin prestaciones ni estabilidad en el trabajo, sin posibilidad de aspirar a un futuro mejor después de toda una vida de trabajo.

 

Como legisladora joven, me preocupa de sobremanera que la reforma laboral contenga entre otras disposiciones, la flexibilización para contratar y despedir con los contratos a prueba, de capacitación inicial y de temporada; la eliminación de derechos y prestaciones adquiridos; que se adicionen causales de despido sin responsabilidad para el patrón, eximiéndolo de la obligación de notificar personalmente la rescisión del contrato laboral y limitando la posibilidad de pagar salarios caídos hasta por un máximo de doce meses. Además, se propone imponer el pago por hora pactado entre trabajador y patrón al más puro estilo del libre mercado, con un esquema obsoleto de fijación de salarios mínimos, sin dejar de mencionar el uso indiscriminado de la fuerza laboral en tareas múltiples sin la regulación adecuada de los procesos de trabajo.

 

En el segundo trimestre de este año, cifras conservadoras del Instituto Mexicano de la Juventud reportaron que de los 400 mil jóvenes que cada año demandan empleo en México, entre 38 mil y 40 mil no lo encuentran, con lo que el desempleo juvenil representa el 9.6 por ciento de ese total.

 

Es decir, aún con las pésimas condiciones laborales que afectan al conjunto de la población mexicana, pero principalmente a la población joven, el gobierno federal pretende legalizar el outsourcing, que se opone no solo al artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo vigente, sino a nuestra constitución política y a los principios generales de tratados internacionales, en específico, de la Organización Internacional del Trabajo que establece que el trabajo no es un mercancía. La subcontratación elude responsabilidades patronales, impide la generación de antigüedad y facilita el despido, además de que rompe la unidad del contrato colectivo.

 

El informe Panorama educativo 2012, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reporta que el mayor porcentaje de desempleo está entre los jóvenes con mayor nivel profesional, con una tasa de desocupación de 5 por ciento, es decir, las tasas más altas de desempleo las tienen los más educados sin importar si provienen de escuelas particulares o públicas. Por si fuera poco, el informe arrojó que tenemos más de siete millones de jóvenes sin ocupación alguna (o los mal llamados ninis), lo que significa el 24.4 por ciento de la población entre 15 y 29 años desperdiciando su juventud, la mayoría de ellas son mujeres.

 

Durante los últimos años, la juventud mexicana ha estado insistiendo en que no podemos seguir con el mismo modelo de régimen político que nos ha gobernado por más de setenta años con el PRI y ahora más de una década con el PAN. Las últimas manifestaciones en redes sociales y principalmente con el movimiento Yo soy 132, han dado muestra de que las y los jóvenes ya no somos tan fácil de engañar y mucho menos de manipular en torno a los intereses de los grupos de poder.

 

Lo digo porque en la reforma laboral que se aprobó con el voto en contra del PRD en la Cámara de Diputados, se mantienen intactas las estructuras clientelares y corporativistas de los sindicatos charros y corruptos que ya todos conocemos; se pretende limitar el derecho histórico del emplazamiento a huelga; no se trata de una reforma profunda del sistema procesal del trabajo, sino de un atentado contra las luchas por el mejoramiento de las condiciones generales de las y los trabajadores de México, quienes han sostenido en pie a nuestro país.

 

Además, se permite una mayor explotación de la fuerza laboral; el ingreso, la permanencia y el ascenso en el trabajo dependerá de una productividad que sólo los patrones medirán de manera unilateral, lo que presionará a los trabajadores a desempeñar sus labores en jornadas más extensas y con mayor presión al estar expuestos al despido.

 

El dictamen tampoco incluye medidas efectivas para erradicar la discriminación laboral hacia mujeres, jóvenes, discapacitados, trabajadores del campo y trabajadoras del hogar.

 

El PRI y el PAN rechazaron que las dirigencias sindicales se elijan mediante voto libre, directo y secreto, lo que propicia la permanencia prácticamente vitalicia de sus líderes corruptos con el manejo libre de sus cuotas sindicales. Sin rendición de cuentas, las y los trabajadores no son dueños del patrimonio de sus organizaciones; sin transparencia en el ejercicio de los recursos sindicales, no se puede aspirar a organizaciones autónomas, libres y auténticas defensoras de los derechos laborales.

 

Si creen que con su reforma laboral se generarán más empleos, están equivocados, ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los desmintió; lo más que se va a lograr con el outsourcing será la expansión de la explotación laboral hacia el sector de la economía informal con malos salarios, sin prestaciones, con pago por hora y jornadas más extensas.

 

De acuerdo con la CEPAL, cada año se incorporan a la población económicamente activa alrededor de 900 mil jóvenes. Desde que se inició el gobierno de Calderón, el número de trabajadores afiliados de manera permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se incrementó en un millón 541 mil personas. Esto significa que en seis años se ha creado sólo una tercera parte de los empleos demandados por los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo.

 

En la bancada del PRD y como legisladora joven de izquierda, dimos el debate sobre la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación laboral, contemplamos la creación del seguro del desempleo a nivel federal y la incorporación de los jóvenes a la vida laboral, con capacitación y salarios bien remunerados, así como la facultad de la Cámara de Diputados para establecer el monto de salario mínimo cada año.

 

Defendemos la igualdad sustantiva entre trabajadores y trabajadoras; exigimos castigo al acoso laboral y al hostigamiento sexual en el trabajo.

 

Promovemos el voto universal, directo y secreto para la elección de las dirigencias sindicales, así como la eliminación de las juntas de Conciliación y Arbitraje y su sustitución por Juzgados y Tribunales Laborales.

 

Entre las pocas modificaciones que logramos incluir a favor de la clase trabajadora, se encuentra la consideración de los principios de igualdad sustantiva en las condiciones de trabajo y prohibimos las exclusiones por condiciones de embarazo y responsabilidades familiares (Artículo 56), así como el aumento de tres a cinco,  del número de días laborables con goce de sueldo a los trabajadores por nacimiento de sus hijos (Artículo 132 XXVII Bis). Y en cuanto al derecho procesal laboral, eliminamos disposiciones que representaban una desventaja para los empleados durante el proceso de notificación al patrón de una demanda laboral.

 

Ahora que la discusión de la reforma se encuentra en el Senado de la República, mantenemos con firmeza la propuesta de una ley laboral que dé forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo bajo el amparo del pleno reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales, que acabe con la impunidad de quienes violan el orden jurídico, propicie el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas a través de la reorganización del trabajo y la innovación tecnológica, y asegure las condiciones para el reparto justo de los resultados, abriendo el cauce para la participación de los trabajadores y de sus legítimos representantes en el desarrollo nacional.