El último informe presentado por “Human Rights Watch (HRW)” sobre las desapariciones forzadas en México nos coloca frente a una de las violaciones más graves al Estado de Derecho en toda América Latina, incluso, por encima de dictaduras militares como el mismo informe lo menciona en comparación con Argentina, Chile o Brasil.

Tan sólo en el sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, calcularon en México hasta 27 mil desapariciones en el marco del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

Las cifras por sí mismas representan el grado de descomposición de las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia que analógicamente, y por el número de personas muertas y/o desaparecidas, ubica a nuestro país en un contexto de “guerra interna de baja intensidad”.

El mismo informe reporta que en 149 de las 249 desapariciones documentadas se comprobó algún grado de participación conjunta entre las policías estatales, la policía federal, el Ejército y/o la Marina, con el crimen organizado. La corrupción de las autoridades y la impunidad dominante son al igual que en los miles de feminicidios no resueltos en todo el país, los factores que permiten de manera recurrente la comisión de este delito.

Nos encontramos frente a una realidad que no podemos ignorar.

En el caso de Chihuahua, por ejemplo, el informe documentó 15 desapariciones forzadas, en ocho de ellas se comprobó la participación de la policía estatal. Hablamos de Niza Alvarado Espinoza, José Alvarado Herrera e Irene Alvarado Reyes, extraviados el 29 de diciembre del 2009 en Benito Juárez, Buenaventura; Víctor Baca Prieto, el 26 de febrero del 2009; José Cárdenas Jícala, 22 de enero del 2009; Carlos y José Guzmán Zúñiga, 14 de noviembre del 2008, y uno más, cuyo nombre fue reservado, el 7 de septiembre del 2009.

El informe agrega que policías de Ciudad Juárez habrían levantado a Juan Carlos Chavira, Raúl Navarro y Félix Vizcarra el 26 de marzo del 2011; a Juan Rogelio Macías el 27 de noviembre del 2011 y a Adrián Nava Cid el 20 de junio del 2011.

La desaparición forzada es un delito de alto impacto para la sociedad, la incertidumbre sobre el paradero y condiciones de estas personas genera en sus

familias graves consecuencias irreparables que pueden derivar en la desintegración social.

Hacemos un llamado al Gobierno Federal para que atienda en su conjunto las recomendaciones realizadas por “Human Rights Watch”, al Gobierno del Estado de Chihuahua y en general a sus sesenta y siete municipios para que atiendan y resuelvan a la brevedad posible, las desapariciones forzadas reportadas en este último informe.

Cada ámbito de gobierno, incluido el Poder Legislativo Federal, debe aportar lo que le corresponde para cambiar esta lastimosa realidad que afecta a miles de familias mexicanas que hoy por hoy, reclaman un alto a la injusticia y a la impunidad.